Con la constitución, la unión hace la fuerza.
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Es uno de los párrafos más conocidos de la Constitución Española, un conjunto de normas jurídicas a las que están sujetos todos los poderes públicos y los ciudadanos de este país. Fue aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978.
La aprobación de la Constitución implicó la culminación de la llamada Transición Española, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte, el 20 de noviembre de 1975, del anterior Jefe del Estado, el general Francisco Franco. Así, este documento precipitó una serie de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el anterior régimen franquista en un Estado social y democrático.
La proclamación de los derechos fundamentales y las libertades públicas, la división de poderes y la soberanía popular constituyen la columna vertebral de las leyes por las que se ha regido España desde hace 33 años. Con la Constitución en la mano, los españoles han logrado la transición pacífica a la democracia y superar problemas históricos que, tras el letargo de 40 años de dictadura, se atrevían a despertar de nuevo tras la muerte de Franco.
La Constitución regula, por ejemplo, que todos los españoles tenemos derecho a la vida, quedan prohibidos los malos tratos y la tortura, y no se puede condenar a muerte a nadie. También todos tenemos derecho a pensar como queramos y a profesar nuestras creencias religiosas. Además, este documento asegura que nadie puede leer sin nuestro permiso nuestras cartas o correo electrónico, y tampoco escuchar nuestras conversaciones telefónicas.
Además de los derechos y deberes de los ciudadanos, la Constitución también incide en el funcionamiento de los poderes públicos. Por ejemplo, establece que el Rey es el Jefe del Estado, pero no tiene poder efectivo de decisión. El Rey sólo desempeña funciones de naturaleza simbólica y la persona que gobierna el país es, como su propio nombre indica, el presidente del Gobierno.
La Constitución también ha sido objeto de dos reformas. La primera, en 1992, para regular el derecho a voto de los españoles que residan en la Unión Europea. La segunda, hace tres meses, para garantizar la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas.
La aprobación de la Constitución implicó la culminación de la llamada Transición Española, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte, el 20 de noviembre de 1975, del anterior Jefe del Estado, el general Francisco Franco. Así, este documento precipitó una serie de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el anterior régimen franquista en un Estado social y democrático.
La proclamación de los derechos fundamentales y las libertades públicas, la división de poderes y la soberanía popular constituyen la columna vertebral de las leyes por las que se ha regido España desde hace 33 años. Con la Constitución en la mano, los españoles han logrado la transición pacífica a la democracia y superar problemas históricos que, tras el letargo de 40 años de dictadura, se atrevían a despertar de nuevo tras la muerte de Franco.
La Constitución regula, por ejemplo, que todos los españoles tenemos derecho a la vida, quedan prohibidos los malos tratos y la tortura, y no se puede condenar a muerte a nadie. También todos tenemos derecho a pensar como queramos y a profesar nuestras creencias religiosas. Además, este documento asegura que nadie puede leer sin nuestro permiso nuestras cartas o correo electrónico, y tampoco escuchar nuestras conversaciones telefónicas.
Además de los derechos y deberes de los ciudadanos, la Constitución también incide en el funcionamiento de los poderes públicos. Por ejemplo, establece que el Rey es el Jefe del Estado, pero no tiene poder efectivo de decisión. El Rey sólo desempeña funciones de naturaleza simbólica y la persona que gobierna el país es, como su propio nombre indica, el presidente del Gobierno.
La Constitución también ha sido objeto de dos reformas. La primera, en 1992, para regular el derecho a voto de los españoles que residan en la Unión Europea. La segunda, hace tres meses, para garantizar la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas.
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