Se buscan responsables

A los políticos los ciudadanos les pagamos su sueldo básicamente para que solucionen nuestros problemas. Otra cosa es la habilidad de éstos a la hora de escurrir el bulto o incluso crear los problemas donde no los hay. Sevilla ha lucido durante 25 años con orgullo su catalogación como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por méritos artísticos e históricos.

Una decisión política equivocada, la que promovió la construcción de un rascacielos a escasos metros del casco histórico, ha dejado a la ciudad a un paso de perder esa catalogación internacional y el prestigio de haber sido durante décadas modelo de conservación y preservación de su importante legado arquitectónico. Esa decisión ahora cuestionada tiene unos padres políticos perfectamente identificados. 

De hecho, el Gobierno andaluz que entonces presidía Manuel Chaves y el Ayuntamiento de Alfredo Sánchez Monteseirín fueron en su momento impulsores del proyecto, no sólo apoyando la iniciativa de Cajasol, sino también allanándole el camino legal para salvar los importantes inconvenientes urbanísticos, y desoyendo las advertencias que desde el principio se hicieron sobre las posibles consecuencias del sofisticado y ambicioso edificio.

Hubiera bastado con elegir otro emplazamiento o con distribuir de otra forma su edificabilidad para que esos inconvenientes se hubieran diluido. Pero ni el Gobierno de Chaves ni el de Monteseirín consideraron necesario atender los avisos que la Unesco realizó a través de sus órganos asesores a los promotores del proyecto. Es decir, crearon un problema donde no lo había. Y ahora serán otros los políticos y los gobiernos que tendrán que dar la cara por Sevilla y por su imagen en el mundo, hasta el punto de tener que sostener ante la Unesco una posición política heredada y sólo defendida por mera responsabilidad institucional.